La batalla por los derechos de autor
Los Gobiernos de la UE están trasladando a sus legislaciones nacionales la directiva europea sobre los derechos de autor en el mercado único digital. El escenario español es uno de los más agitados de Europa, como lo demuestra el hecho de que no se ha adoptado una decisión definitiva sobre el modo en que la directiva será incorporada. En juego está no solo el pago de los contenidos, sino también el reconocimiento de que los autores, entre ellos los periodistas, deben percibir una remuneración apropiada por el uso que las tecnológicas hacen de sus obras.
NEMESIO RODRÍGUEZ*
Hace doce años, Rupert Murdoch, dueño del grupo editorial News Corp, emprendió una cruzada contra Google para conseguir que el gigante tecnológico pagara por el uso de los contenidos de los medios del magnate australiano.
Murdoch llegó a acusar a Google de “robar” los contenidos de sus cabeceras, ya que enlazar a los internautas con las noticias le abría el camino para obtener altos ingresos publicitarios, mientras los medios recibían migajas, pese a que cargaban con todo el coste -elevado- de producir las noticias.
Google es la primera empresa mundial en el negocio de la publicidad digital, sector que aporta más del 80% de sus ingresos (más de 121.000 millones de euros en 2020).
Murdoch extendió la campaña a los enlaces a páginas de descarga de películas y series piratas que se publicaban en algunas búsquedas de Google. En enero de 2012, y a través de su cuenta de Twitter, acusó a la plataforma estadounidense de ser “el líder de la piratería” en internet por no respetar los derechos de autor.
La batalla enfrentaba a dos gigantes, cada uno en su campo, y mantuvo pendientes a los grupos editoriales de todo el mundo por las repercusiones que podía tener en un sector que atravesaba una durísima crisis económica y buscaba desesperadamente un nuevo modelo de negocio, debatiéndose entre cobrar por los contenidos o dejarlos en abierto.
De un lado, la plataforma dominadora de las búsquedas en internet (un ejemplo: 90% en el mercado europeo) y acaparadora de la publicidad digital (entre el 60 y el 90%, dependiendo de qué mercados); y del otro, el imperio mediático más grande y diversificado del mundo, con cabeceras tan relevantes como The Sun, The Times y The Sunday Times, en el Reino Unido; The Wall Street Journal, The New York Post y Fox News, en Estados Unidos, además de las dos terceras partes de los medios australianos, entre ellos la cadena televisiva Sky.
Murdoch lideró la campaña casi en solitario, con algún que otro apoyo esporádico. En una de las escaramuzas, lanzó en 2010 el proyecto Alesia, que concibió como una tienda virtual de medios de todo el mundo, orientada especialmente para tabletas como el iPad, pero desistió ante la escasa respuesta de los potenciales socios después de invertir alrededor de 20 millones de euros.
Alesia pretendía ser la alternativa a Google News. Precisamente un año antes, Murdoch había amenazado con excluir a algunos de sus medios de este buscador y agregador de noticias, si bien el temor a perder tráfico (se calculaba una potencial caída del 30% si llevaba a cabo su amenaza) le hizo dar marcha atrás.
En otro capítulo de su campaña, Murdoch abrió conversaciones en 2010 con el gigante Microsoft para alojar sus contenidos en el buscador de la compañía de Bill Gates, Bing, a cambio de una remuneración. La negociación fracasó.
Doce años después de litigios varios, el más reciente en Australia, News Corporation y Alphabet, la empresa matriz de Google, firmaron la paz el pasado 17 de febrero, mediante un acuerdo para difundir y generar noticias y contenidos informativos de la primera a través de las herramientas virtuales de la segunda.
El acuerdo prevé que las empresas desarrollen una plataforma de suscripción, compartan los ingresos por publicidad a través de los servicios de tecnología de Google y elaboren contenido periodístico de audio y vídeo a través de YouTube.
El acuerdo se canalizará a través de Google News Showcase, lanzado en octubre de 2020, un agregador en el que los medios deciden qué historias quieren presentar a cambio de recibir ingresos de la tecnológica. Proporciona también acceso limitado a informaciones de los muros de pago.
Aunque no se hizo público el valor de la operación, News Corp señaló que implica “pagos significativos” por parte de la plataforma, la quinta tecnológica del mundo por capitalización bursátil (975.000 millones de dólares en 2020, según Bloomberg).
De pronto, el “pirata” y el “ladrón” pasaba a ser un benefactor del grupo de Murdoch, que consideró el acuerdo una “victoria” en una “cruzada quijotesca”. Murdoch ya había conseguido que Apple y Facebook le paguen por sus productos Apple News y Facebook News.
¿Qué es lo que ha cambiado en el mercado digital para que Google y otras plataformas estén cediendo en su firme oposición a pagar por el uso de las informaciones de los medios?
El temor a la regulación de sus actividades es un tema tabú para las tecnológicas
Uno de los factores es, sin duda, el temor de las tecnológicas a la regulación de sus actividades, un tema tabú para ellas, ya que siempre han sostenido que los medios, en crisis por la caída de la circulación y la migración de audiencias a las redes sociales, se benefician del tráfico de lectores que deriva de su enorme capacidad de ofrecer enlaces a las cabeceras de los grupos editoriales.
De hecho, el desencadenante del cambio fue un proyecto de ley del Gobierno australiano que exigía a las tecnológicas pagar por las noticias que ofrecen en sus plataformas y que notificaran previamente las eventuales modificaciones en la clasificación algorítmica y en la presentación de noticias.
El proyecto, aprobado por el Gobierno en julio de 2020, establecía un código de negociación de medios de noticias y plataformas digitales. En el caso de que las conversaciones no avanzasen, la decisión de fijar las tarifas se sometería a un arbitraje obligatorio, condición que las tecnológicas rechazaron de plano.
Google, cuyo motor de búsqueda ocupa un 94,5% de la cuota de mercado, y Facebook, red principal de los australianos para informarse, amenazaron con abandonar Australia si el proyecto de ley prosperaba. El director de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, William Easton, argumentó que eran los medios los que se beneficiaban de la relación con la tecnológica, ya que la colocación de las noticias en la plataforma les permitía aumentar las suscripciones, las audiencias y los ingresos publicitarios.
En contra de este argumento, el Gobierno dijo que, de cada 100 dólares australianos de publicidad digital ligada a las noticias, 53 iban para Google y 28 para Facebook y el resto se repartía entre terceros, privando a los medios de ingresos que necesitaban para sobrevivir.
El trámite parlamentario confirmó que las tecnológicas iban a dar guerra hasta el último momento.
El 18 de febrero de 2021, es decir, un día después del acuerdo entre Murdoch y Google, Facebook adoptó la posición más drástica en la oposición a la ley al cerrar el acceso a los sitios de noticias locales y mundiales. Los internautas de fuera del país tampoco podían leer ninguna publicación de noticias australianas en la red social.
La compañía de Mark Zuckerberg bloqueó también el acceso a páginas gubernamentales de salud y emergencias, aunque las reabrió posteriormente, admitiendo que había sido un error.
“No nos dejaremos intimidar”, respondió el primer ministro australiano, el conservador Scott Morrison, quien criticó que las grandes tecnológicas se crean más importantes que los Gobiernos y que las leyes “no están hechas para que ellas las cumplan”.
Facebook explicó que tomó la decisión del bloqueo porque el proyecto de ley ignoraba cómo son sus relaciones con los medios y recordó al Gobierno que son los medios los que se benefician de publicar sus noticias en la red social, puesto que les ayuda a encontrar nuevos lectores, nuevos suscriptores y aumentar sus ingresos.
La red social sostuvo que los editores australianos pudieron recaudar alrededor de 261 millones de euros gracias a sus apariciones en la plataforma.
Este nuevo capítulo de la guerra se cerró una semana más tarde, después de que el Gobierno aceptará enmendar el proyecto de ley, que fue finalmente aprobado el 25 de febrero.
El Gobierno introdujo una disposición para que en las negociaciones se tenga en cuenta si una plataforma digital ha hecho una “contribución significativa” a la sostenibilidad de la industria de noticias australiana a través de acuerdos comerciales con los editores.
El arbitraje, además, solo se utilizará como “último recurso” después de un periodo de mediación de “buena fe”.
Un día antes, el 24, Facebook anunció un compromiso para invertir 1.000 millones de dólares (822 millones de euros) en el sector informativo mundial en los próximos tres años. Dicha cantidad es la misma que Google dijo que destinará a su proyecto de Google News Showcase.
La compañía de Zuckerberg dijo que estaba ya negociando con editores de noticias en Alemania y Francia para pagar por sus contenidos.
Bajo el paraguas de la nueva ley australiana, otro grupo editor australiano, Nine Entertainment, dueño del Sydney Morning Herald, firmó el 1 de junio acuerdos con Google y Facebook.
Rod Sims, presidente de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores, atribuyó el acuerdo al código, el cual, en su opinión, “ha obligado a las grandes plataformas tecnológicas a sentarse en la mesa de negociaciones para llegar a acuerdos con los editores”.
Como es habitual, los términos económicos del acuerdo de Nine con Google no se hicieron públicos.
Mientras el proyecto de ley australiano pasaba al trámite parlamentario, Google dio en octubre de 2020 un paso que sorprendió a los editores: anunció que invertiría más de 1.000 millones de dólares (821,7 millones de euros) en los próximos tres años en un nuevo programa de licencias de noticias. Es más, anunció que ya había llegado a acuerdos de licencias con más de 200 medios de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá y Reino Unido y que negociaba con editores de otros países.
El nuevo servicio Google News Showcase atrajo la atención de editores en apuros de todo el mundo. Parecía una oportunidad única para obtener ingresos que nunca antes había cedido la plataforma.
Entre los firmantes estaba el grupo alemán Spiegel, cuyo director general, Stefan Ottliz, no pudo ocultar su satisfacción: “Con Google News Showcase y la nueva integración de contenido editorial como el producido por Der Spiegel, Google está mostrando que se toma en serio apoyar el periodismo de calidad en Alemania”.
Sin embargo, el Consejo Europeo de Editores no compartió el entusiasmo de Ottliz: “Al lanzar un producto, Google puede dictar los términos y condiciones, socavar la legislación diseñada para crear condiciones para una negociación justa y afirmar, al mismo tiempo, que están ayudando a financiar la producción de noticias”.
Este consejo se refería a la directiva europea sobre los derechos de autor en el mercado único digital que los Gobiernos de la UE están trasladando a sus legislaciones nacionales, no sin grandes dificultades y presiones de las distintas partes interesadas.
Esta directiva es clave para establecer por ley que las plataformas paguen a los editores por el uso de los contenidos que estos producen y de los que se benefician para obtener la parte principal de sus ingresos mediante la publicidad digital. Y no solo eso, la directiva recoge también que los creadores (los periodistas, en nuestro caso) tienen derecho igualmente a percibir una remuneración apropiada en concepto de derechos de autor.
Las plataformas avanzan en su estrategia de la negociación individual frente a la colectiva
Los Gobiernos y las partes afectadas por la directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital examinan con lupa lo que se está legislando en cada país, al tiempo que las plataformas avanzan en su estrategia de la negociación individual frente a la colectiva.
El arma principal de la compañía de Mountain View para la negociación individual es, de nuevo, Google News
Showcase.
Con este nuevo servicio, Google trata de adelantarse a la directiva proponiendo a los medios acuerdos individuales y confidenciales, en lugar de negociar con las entidades de gestión colectiva. La directiva no se pronuncia por una u otra opción.
Francia fue el primer país de la UE que trasladó la directiva (octubre de 2019), pero ello no impidió que Google mantuviera su negativa a negociar el pago de los contenidos con el argumento habitual de que los editores se benefician del tráfico de lectores que aporta a sus sitios web. Sin embargo, en julio de 2019, la Autoridad de la Competencia obligó a Google a llegar a un acuerdo con los editores franceses en el plazo de tres meses, lo que propició la apertura de conversaciones con los medios y la firma de los primeros pactos (Le Monde y el semanario L’Obs).
El pasado 21 de enero, Google dio un salto cuantitativo en su estrategia al firmar un acuerdo con 121 medios de la Alianza de la Prensa de Información General, cuya cuantía no fue publicada, aunque la agencia Reuters reveló posteriormente que alcanza los 76 millones de dólares en tres años.
La propia Reuters, una división de Thomson Reuters Corp, había llegado a un acuerdo en enero para ser el primer proveedor global de noticias para el News Showcase de Google.
El acuerdo fue criticado por otras asociaciones de medios por su opacidad y porque la fórmula de calcular las tarifas no se hace pública.
Sebastien Missoffe, director general de Google Francia, calificó el acuerdo de “hito importante” para su compañía, ya que confirma su compromiso con los editores “en virtud de la ley francesa sobre el derecho conexo”, en alusión a la directiva europea.
En Italia, 70 diarios nacionales y locales, entre ellos los de los grupos Rizzoli, con sus medios españoles incluidos, Caltalgirone e Il Sole 24 Ore, han rubricado acuerdos para incorporarse a Google News Showcase, mientras en Alemania ya lo han hecho medios como Der Spiegel y Stern.
El 31 de marzo, la tecnológica comunicó que Google News Showcase contaba con 600 medios de una docena de países, entre ellos la agencia Reuters. La compañía no aportó ningún dato sobre las tarifas.
El caso español
El escenario español es, sin duda, uno de los más agitados de Europa, como lo demuestra el hecho de que el Ministerio de Cultura y Deporte no ha adoptado una decisión definitiva sobre el modo en que la directiva será incorporada, pese a que el plazo inicial para hacerlo vencía el 7 de junio, lo que puede abrir la puerta a sanciones por parte de la UE.
De no cumplirse el periodo extra para adoptar la directiva, la UE impondría sanciones
No obstante, el entonces ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes [sustituido por Miquel Iceta el pasado 12 de julio], aclaró que a partir del 7 de junio se abría "un plazo de gracia de seis meses más”. De no cumplirse este periodo, sí se impondrían las sanciones.
El caso español tiene una peculiaridad respecto a otros: la vigencia del llamado canon AEDE, aprobado en 2014 y que fue respondido por Google con la inmediata retirada de Google News de nuestro país.
Fue la primera escaramuza de los sucesivos conflictos que enfrentan a medios y Gobiernos con las tecnológicas, en un debate que no solo incluye el pago de los contenidos, sino también la oportunidad de medidas regulatorias que limiten el enorme poder que aquellas han alcanzado en un mundo digitalizado.
El canon que lleva el antiguo nombre de la patronal Asociación de Editores de Diarios Españoles, hoy Asociación de Medios de Información (AMI), ha obtenido una recaudación del pago de contenidos ínfima en relación con las previsiones: de los 80 millones de euros iniciales a 60.000 euros en seis años.
El cobro se realiza a través del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), gestora de derechos de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras. Cedro ha demandado a Google por 1,1 millones de euros por un presunto impago de derechos de autor por parte del servicio Google Discovery, pues lo considera un agregador de noticias.
Uribes recibió en los últimos meses a las partes afectadas para buscar una fórmula de consenso que se antoja complicada a la vista de las posiciones divergentes de cada una.
Las dudas del ministro se mueven entre la negociación individual y la colectiva obligatoria e irrenunciable, vía Cedro, y en la posibilidad de que la directiva fije o no la tarifa que correspondería.
La plataforma “Seguir creando en digital”, a la que pertenece la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha planteado al ministro que la directiva fije una “tarifa legal” y el porcentaje que corresponde a los autores y a los editores, a fin de “garantizar desde el inicio unos ingresos mínimos para todos los titulares de derechos”.
El portavoz de la plataforma, el escritor Manuel Rico, solicitó que se apueste por el modelo alemán, que establece una tarifa por el uso digital de derechos de autor equivalente al 11% de los ingresos de las plataformas, de la que luego debe destinarse la “parte apropiada” a los autores, según establece la directiva.
Un estudio encargado por Cedro a la consultora Qbo Investigación y Estrategia prevé que las compensaciones totales de las plataformas pueden alcanzar los 263 millones de euros anuales, entre el 7 y el 9% de los ingresos publicitarios de las tecnológicas.
Entre tanto, Google no se ha quedado dormida. De entrada, ha logrado romper la unidad de la AMI, cuyo presidente, Antonio Fernández-Galiano, firme defensor de la negociación colectiva, dimitió en mayo después de ser destituido en Unidad Editorial como consejero delegado tras una década en el cargo.
La destitución se produjo el 7 de mayo. La posición de Fernández-Galiano había quedado debilitada desde marzo cuando Rizzoli, el grupo italiano mayoritario en Unidad Editorial, firmó con Google un acuerdo de “varios años” para ofrecer acceso a algunos de sus diarios en la plataforma de noticias Showcase. Como es habitual, no se informó sobre las condiciones económicas del pacto.
Este acuerdo incluye los periódicos españoles El Mundo, Marca y Expansión, pero en la práctica estas cabeceras no podrán incorporarse a Showcase al estar vigente el canon AEDE.
En la AMI, Fernández-Galiano fue quedándose solo en su defensa de la gestión colectiva, que consideraba más transparente que los opacos acuerdos individuales. De hecho, varios diarios y grupos regionales de la AMI, entre ellos el aragonés Henneo y el andaluz Joly, se desmarcaron de la negociación colectiva para reclamar la individual y solicitaron al Gobierno que derogara el canon AEDE.
En un comunicado, estos medios reclamaron negociar “sin ataduras ni imposiciones de ningún tipo” los acuerdos que estimen oportunos con cualquier plataforma tecnológica, entre otras, con Google, que es “la única que ha ofrecido esa posibilidad”, puesto que “las necesidades e intereses son distintos en cada empresa”.
Algunos de estos grupos y otros medios ya habían llegado a preacuerdos con Google, pero no pueden cerrarlos por la vigencia de dicho canon.
Entre los grupos editoriales más importantes, Vocento sigue siendo el más firme partidario de la negociación colectiva, mientras Prisa y Godó mantienen un planteamiento ambiguo.
Prisa nombró a finales de abril a Carlos Núñez como presidente ejecutivo de Prisa Media. Núñez procedía de Henneo, donde había defendido la negociación individual con Google, lo que puede anticipar un cambio de Prisa hacia ese modelo.
Este modelo es el que también defiende el Club Abierto de Editores (Clabe), que agrupa a cerca de 800 cabeceras. “Creo que el Gobierno debería adoptar lo que estamos pidiéndoles la inmensa mayoría de los editores y es recuperar la gestión de los derechos”, afirma su presidente, Arsenio Escolar.
Todas estas posturas divergentes están en la mesa del ministro Uribes. Una verdadera “patata caliente” que ha forzado al ministro a saltarse el plazo del 7 de junio y aplazar su decisión definitiva.
En juego está no solo el pago de los contenidos, sino también el reconocimiento de que los autores, entre ellos los periodistas, deben percibir una remuneración apropiada por el uso que las tecnológicas hacen de sus obras.
Para que ello sea posible, la plataforma “Seguir creando en digital” sostiene que la vía más justa sería la de la gestión colectiva de los derechos a través de Cedro, a fin de garantizar la transparencia en el reparto de los ingresos entre editores y autores.
Si impera la opacidad, difícilmente los autores sabrán qué es lo que realmente les corresponde
Si al final impera la opacidad en los acuerdos, difícilmente los autores podrán saber qué es lo que realmente les corresponde por el uso y reutilización de sus obras.
La exigencia de transparencia es trascendental en un momento en el que las ricas plataformas tecnológicas, reacias a las medidas regulatorias y antimonopolio, quieren pasar a ser socias de unos medios agobiados por una crisis financiera y de modelo que amenaza su supervivencia.